La Fiscalía del Supremo archiva las causas abiertas sobre el patrimonio de Juan Carlos I

La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de archivar las dos causas que estaban abiertas en el Ministerio Público sobre la fortuna del Rey Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. OKDIARIO ha tenido acceso a esta decisión del Ministerio Fiscal de la que el Rey emérito ha sido informado desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

El archivo de las tres líneas llega en forma de dos decretos (el 40/2020 y el 44/2020) firmados por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien tomó el relevo en solitario de las pesquisas después del fallecimiento de quien fuera teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos.

Según explica en el más extenso de los dos, el objeto de la primera de las líneas de investigación era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos saudíes.

Se investigaba la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que Juan Carlos I sería su titular real.

El Ministerio Público indica que en relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña LUCUM, en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces lo que el Código Penal establece como umbral del delito.

Recuerda que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. Y que aunque la de 2012 no está prescrita no sería susceptible de reproche penal porque hasta el 19 de junio de 2014 estaba protegido por la inviolabilidad.

Comisiones del AVE

Sobre las comisiones del AVE a La Meca, equipo de fiscales –liderado por Luzón– subraya que la investigación no ha podido establecer, «siquiera de modo indiciario», vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna.

«Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que S.M. D. Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito», señala la Fiscalía en el decreto de archivo.

El decreto de archivo referente a Lucum y el AVE a La Meca analiza también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por las operaciones financieras y societarias que realizó el emérito entre 2008 y 2012 tras recibir esa cantidad de 64,8 millones de euros. Pero la Fiscalía indica una ve más que los actos susceptibles de integrar alguna de las conductas descritas en el artículo 301 del Código Penal habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado.

Las donaciones de Sanginés

La Fiscalía sostiene que entre 2016 y 2019 el amigo del emérito Allen Sanginés Krause ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias, de su titularidad directa o indirecta a través de la sociedad Pretorian Prevention SA, a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey.

Según consta en uno de los decretos, el importe total de estas transferencias, que asciende a 516.606 euros, «ha sido destinado al abono de gastos particulares de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo».

Además, Sanginés Krause ordenó transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros que se destinó al pago de viajes efectuados por el Rey emérito, así como por sus familiares o allegados. La Fiscalía también apunta que abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 por Juan Carlos I por un importe total de 95.365 euros.

Pero, según los fiscales, «no hay constancia de contraprestación». Se trata de «actos unilaterales efectuados a título lucrativo» y que, por tanto, «son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones» regulados por la ley.

Paraíso fiscal 

Sobre la fortuna oculta en la isla de Jersey, a través del trust The JRM 2004, el fiscal explica que entre los años 2004 y 2021 «no existe indicio alguno que permita vincularlo» con el Rey «ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas».

Indica que desde que el Rey Juan Carlos I abdicó y perdió la inviolabilidad «las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».